El abogado uruguayo Santiago Moratorio, defensor de Sebastián Marset, negó que su cliente haya iniciado algún tipo de negociación con la justicia de Estados Unidos y aseguró que el proceso judicial que enfrenta en ese país seguirá por la vía del juicio.
Las declaraciones surgen después de que circularan versiones sobre un supuesto acuerdo entre Marset y las autoridades estadounidenses, en medio de las investigaciones abiertas en Bolivia tras la detención del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y otros funcionarios, señalados por una presunta protección al narcotraficante uruguayo.
A través de un comunicado difundido por El Deber, Moratorio explicó que Marset no se acogió a una estrategia que contemple declararse culpable para posteriormente negociar una salida judicial.
El abogado sostuvo que, para que existiera una negociación en los términos que se mencionaron públicamente, el primer paso habría sido que su defendido admitiera su culpabilidad. Sin embargo, afirmó que Marset tomó la decisión de enfrentar el proceso mediante un juicio.
Respecto a las grabaciones de audio y video que circulan en Bolivia y que supuestamente vinculan a Marset con Roger Mariaca dentro de una estructura de protección, Moratorio evitó confirmar o descartar su autenticidad.
El jurista señaló que desconoce el origen de esos materiales y tampoco tiene información sobre la cadena de custodia que siguieron antes de ser difundidos. Por esa razón, indicó que no le corresponde pronunciarse sobre una investigación penal que se desarrolla en Bolivia y que no está bajo su responsabilidad jurídica.
Moratorio también recordó el operativo mediante el cual Marset fue entregado a la Administración para el Control de Drogas (DEA) en marzo de este año. Según el abogado, ningún fiscal boliviano fue notificado previamente sobre ese procedimiento.
La situación de Marset en Estados Unidos continúa por la vía judicial, mientras en Bolivia las autoridades investigan las acusaciones relacionadas con una presunta red de protección que habría operado a favor del narcotraficante y que involucra a funcionarios del Ministerio Público.