El presidente Rodrigo Paz decidió abrogar el Decreto Supremo 5591 tras la presión de productores arroceros y soyeros de Yapacaní y San Julián, quienes habían advertido con retomar medidas de protesta, incluyendo bloqueos y la posible toma de pozos petroleros.
La norma establecía gravamen cero para la importación de grano de soya hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que generó rechazo de productores del Norte Integrado de Santa Cruz y del Beni, quienes consideraban que la medida afectaba la producción nacional.
La decisión responde a un acuerdo alcanzado el pasado 10 de marzo, cuando el ministro de Desarrollo Productivo, Mario Justiniano, se trasladó a la zona de conflicto para desactivar bloqueos. En esa oportunidad, se comprometió a anular la norma en un plazo de 72 horas, el cual se retrasó por trámites administrativos.
Finalmente, el Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó el nuevo decreto, que fue publicado en la Gaceta Oficial, dejando sin efecto la disposición anterior.
El objetivo inicial del decreto abrogado era fortalecer la producción de subproductos de soya y garantizar mayor disponibilidad de materia prima para la industria nacional, en función de la oferta y la demanda.
Esta es la segunda vez que el Gobierno retrocede en una medida económica. La anterior ocurrió con la abrogación del Decreto Supremo 5503, tras protestas lideradas por la Central Obrera Boliviana.
Por su parte, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo calificó como innecesaria la vigencia del decreto, señalando que la producción nacional supera la demanda en más del 80% y reiteró su pedido de liberar las exportaciones sin restricciones ni cupos.