El Gobierno nacional y los gobiernos municipales de las nueve capitales de departamento y El Alto definieron una hoja de ruta para avanzar en la Agenda 50/50, con el propósito de revisar la distribución de responsabilidades entre los distintos niveles del Estado y establecer nuevas alternativas para el financiamiento de las administraciones locales.
El entendimiento alcanzado en La Paz plantea que el proceso se desarrolle de manera gradual y tomando en cuenta las características particulares de cada municipio. Para ello, se conformarán mesas técnicas que trabajarán sobre tres áreas: fortalecimiento de la autonomía y eficiencia municipal, adecuaciones normativas y definición de acuerdos fiscales y mecanismos de financiamiento.
Durante la jornada, el presidente Rodrigo Paz señaló que la Agenda 50/50 debe permitir una transición ordenada hacia una mayor capacidad de gestión de los gobiernos municipales y contribuir a enfrentar el centralismo. En ese marco, mencionó que el Banco Mundial acompañará el proceso con asistencia técnica en asuntos relacionados con el pacto fiscal, salud, educación y administración tributaria.
Uno de los primeros trabajos será establecer con mayor precisión qué responsabilidades corresponden a cada nivel de Gobierno. La revisión buscará detectar tareas que se encuentran duplicadas, competencias que no tienen una asignación clara y obligaciones que generan cargas financieras para las administraciones municipales.
El análisis abarcará sectores considerados prioritarios para la población, entre ellos salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura, transporte y movilidad urbana, manejo de residuos sólidos y promoción del desarrollo económico en los municipios.
Analizarán el sistema de ingresos municipales
El componente fiscal será otro de los aspectos centrales del acuerdo. Gobierno y municipios revisarán las diferentes fuentes con las que cuentan las administraciones locales, desde las transferencias y la recaudación tributaria propia hasta el crédito y los esquemas de financiamiento compartido.
Como parte de este proceso también se realizará una auditoría sobre los recursos de coparticipación tributaria correspondientes a gestiones anteriores.
La futura distribución de recursos será analizada bajo parámetros adicionales al número de habitantes. Entre los elementos que se prevé considerar están la capacidad fiscal de cada municipio, el nivel de recaudación alcanzado, la actividad económica local, las necesidades básicas insatisfechas, el índice de desarrollo humano y el costo que representa garantizar los servicios públicos urbanos.
Un tema que tendrá una respuesta específica es el destino del 12% del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH) para los gobiernos municipales.
El nivel central del Estado tiene un plazo de 15 días para presentar un análisis técnico sobre tres posibilidades: dejar en suspenso la aplicación de este mecanismo durante 2027, efectuar la devolución de los recursos correspondientes a la gestión 2025 o establecer una aplicación gradual en las próximas gestiones.
El estudio estará bajo responsabilidad del Ministerio de Hidrocarburos y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que deberán determinar las condiciones técnicas, financieras y legales para cada alternativa.
También prevén cambios en normas municipales
La Agenda 50/50 contempla una revisión de las disposiciones que actualmente dificultan que los gobiernos municipales ejerzan plenamente sus atribuciones.
Dentro de esa tarea se incluye facilitar los procesos relacionados con las cartas orgánicas, desde su elaboración hasta su aprobación y entrada en vigencia. También se revisarán las reglas relacionadas con la generación de ingresos propios y se buscarán mecanismos para que los municipios puedan intervenir en proyectos desarrollados mediante alianzas público-privadas.
Otro de los objetivos es reducir la carga burocrática mediante la simplificación de procedimientos y una mayor conexión entre los sistemas de información de las diferentes instituciones.
A esto se sumará la implementación de herramientas de transparencia y seguimiento que permitan conocer públicamente los avances y resultados alcanzados durante la ejecución de la Agenda 50/50.
Mesas técnicas definirán propuestas
Las mesas de trabajo funcionarán de manera permanente y estarán distribuidas en los tres ejes acordados. Para desarrollar sus propuestas, el Gobierno entregará información sobre las finanzas públicas, transferencias, ejecución presupuestaria y techos fiscales.
Los gobiernos municipales, por su parte, deberán proporcionar información sobre sus condiciones socioeconómicas, los costos de operación de los servicios que prestan y sus indicadores de gestión.
El proceso se desarrollará bajo criterios de proporcionalidad, coordinación, celeridad, transparencia, trazabilidad y progresividad. Además, se establecerán indicadores para medir los resultados en materia de gestión, sostenibilidad financiera y calidad de los servicios públicos.
Las conclusiones que surjan de este trabajo podrán convertirse, dependiendo de su alcance, en proyectos de ley, decretos supremos, convenios entre niveles de Gobierno, acuerdos fiscales u otras disposiciones reglamentarias y administrativas.
El acuerdo establece que las medidas deberán ajustarse a las diferencias existentes entre los municipios en aspectos territoriales, demográficos, económicos e institucionales.
Las propuestas técnicas serán posteriormente remitidas al Consejo de Coordinación Técnica de la Agenda 50/50, donde se buscará articularlas con el Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías.