Las críticas desde el entorno de Evo Morales contra el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Órgano Electoral alcanzaron un nuevo punto álgido este domingo, luego de que ambos órganos dictaran decisiones que afectan directamente al exmandatario y a su partido, el Movimiento al Socialismo–Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).
En un programa radial conducido por Morales, figuras afines a su línea política, como el exministro Carlos Romero y la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra, expresaron duras condenas contra los fallos del TCP, al que acusan de actuar bajo órdenes del Ejecutivo, y denunciaron la eliminación de la sigla del MAS como un intento deliberado por sacarlos del escenario político.
Salvatierra advirtió que podría generarse una “explosión de protesta” por parte del movimiento popular, que –según dijo– pondría en riesgo la continuidad del gobierno de Luis Arce y de los magistrados «autoprorrogados» del TCP. “Si se cierra efectivamente la puerta al campo popular, al movimiento indígena y campesino, esto puede explotar y puede pasarse a llevar al gobierno y, obviamente, a los autoprorrogados”, sostuvo.
Durante el programa, también participaron dirigentes sindicales del Trópico de Cochabamba, quienes reiteraron su respaldo a Morales y cuestionaron la legalidad de su inhabilitación. Un exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia y un abogado afín argumentaron que el expresidente sí estaría habilitado legalmente para las próximas elecciones.
Salvatierra cuestionó la legitimidad de los magistrados y denunció una supuesta alianza entre el gobierno, la derecha y el TCP para impedir el retorno de Morales. “No sabemos si vamos a llegar a elecciones en agosto”, afirmó, refiriéndose a la incertidumbre del proceso electoral, los cuestionamientos al voto en el exterior y la posibilidad de que otras fuerzas políticas sean también excluidas.
La exsenadora también criticó a algunos medios de comunicación y analistas por, según dijo, reaccionar tardíamente ante la supuesta injerencia judicial en los temas electorales. “Pareciera que recién lo vieron cuando la inhabilitación les tocó las puertas”, manifestó.
Evo Morales, por su parte, reforzó el discurso señalando que las decisiones judiciales y electorales responden a lo que denominó una “doctrina colonial” de dominación y comparó su situación con la persecución de líderes indígenas en la historia boliviana. “Antes era genocidio para el saqueo. Ahora es otra forma de genocidio”, declaró, añadiendo que el plan para evitar su retorno al poder se remonta a los hechos de 2019, los cuales calificó nuevamente como un “golpe de Estado” apoyado por Estados Unidos.
Actualmente, el exmandatario permanece en su bastión político de Lauca Ñ, restringido de desplazarse a otras regiones del país ante el riesgo de ser aprehendido. En su contra existe una orden judicial dentro de una investigación por presuntos delitos de trata, tráfico y estupro, vinculados al caso de una menor de edad con la que tuvo una hija. El caso sigue en curso en el Ministerio Público y la justicia departamental de Tarija.
Con información de Erbol