Se trata de los primeros datos que arroja la auditoría a la estatal; entretanto, la investigación continúa en desarrollo.
El Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua reveló este martes que, en los primeros ocho días de auditoría a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), se identificó un presunto daño económico al Estado que asciende a Bs 95,5 millones.
El ministro Óscar Mario Justiniano informó que este monto corresponde a observaciones verificadas y certificadas, con responsables ya identificados. Adelantó que se iniciarán las acciones judiciales correspondientes.
“El total del presunto daño económico que tenemos en una semana es de 95 millones y medio de bolivianos. Las acciones que vamos a tomar son concretas. Primero, la denuncia penal contra funcionarios de Emapa y también contra privados que hubieran ocasionado daño económico al Estado”, declaró la autoridad.
Entre los casos más relevantes, mencionó la implementación de una planta procesadora de papa en Chuquisaca, que representa un posible daño de Bs 41,4 millones. El contrato fue resuelto debido a la presentación de una póliza de caución adulterada. Además, otros Bs 25,7 millones pagados por maquinaria están en riesgo, ya que los equipos permanecen retenidos en China.
Otro proyecto observado corresponde a una planta piscícola en el lago Titicaca. Allí se pagó el 88,62% del presupuesto (aprox. Bs 47 millones), pese a que solo se ejecutó el 34,68% de la obra. Adicionalmente, se detectó un posible perjuicio por Bs 148.000 por la compra de alimento balanceado vencido.
Justiniano también detalló irregularidades en la contratación de servicios para la siembra de granos en Ascensión de Guarayos (Santa Cruz) y San Borja (Beni), con un daño estimado de Bs 6,5 millones. Se proyectó sembrar 1.200 hectáreas, pero solo se alcanzaron 175, pese a que el servicio fue pagado en su totalidad.
En Guarayos se destinaron casi Bs 4,4 millones para una producción esperada de 2.600 toneladas, pero solo se registraron 230, generando un daño de Bs 3,8 millones. En San Borja se pagó Bs 2,6 millones para cultivar 500 hectáreas, pero no se concretó ninguna.
Asimismo, se verificó un perjuicio adicional de casi medio millón de bolivianos por el alquiler de maquinaria cuyo servicio no fue entregado completamente.
El ministro señaló que las denuncias penales serán presentadas contra funcionarios y privados vinculados. Recalcó que la auditoría continuará avanzando de manera cronológica y exhaustiva.