El vicepresidente Edmand Lara cuestionó este jueves la inasistencia de las principales autoridades del Órgano Judicial a la reunión de emergencia que convocó con representantes de las fuerzas políticas para analizar la crisis de la justicia y las demandas planteadas por ese poder del Estado.
En conferencia de prensa, la autoridad afirmó que la ausencia de los representantes judiciales evidencia una contradicción, debido a que fueron ellos quienes solicitaron atención a sus requerimientos e incluso advirtieron con asumir un paro nacional.
«Eso demuestra una falta de voluntad cuando ellos mismos han solicitado ser atendidos», sostuvo Lara.
No obstante, recordó que el miércoles el Gobierno recibió a las máximas autoridades del Órgano Judicial y anunció la instalación de mesas de trabajo para atender sus demandas.
El vicepresidente indicó que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, no justificó su ausencia, pese a que un día antes participó en reuniones con autoridades del Órgano Ejecutivo en la ciudad de La Paz.
Asimismo, informó que el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental enviaron notas de excusa y solicitaron reprogramar el encuentro.
Pese a la inasistencia de las autoridades judiciales, los representantes de las fuerzas políticas que asistieron a la convocatoria suscribieron un acuerdo para ratificar que la elección de magistrados debe realizarse conforme al procedimiento establecido en la Constitución Política del Estado.
«La única forma de elegir magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia es a través de elecciones judiciales, no hay dedazos», afirmó Lara.
El documento firmado por las bancadas presentes, con excepción de la alianza Unidad, también descarta la posibilidad de cubrir las vacancias en el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia mediante una ley.
Finalmente, el vicepresidente rechazó la posibilidad de una paralización de la administración de justicia y advirtió que una medida de esa naturaleza afectaría derechos fundamentales de la población.
«El Poder Judicial no puede parar. Si una persona está aprehendida, ¿quién va a definir su situación jurídica si no está el juez?», expresó.
El Órgano Judicial demanda un mayor presupuesto y el tratamiento de proyectos de ley orientados al fortalecimiento institucional. En ese contexto, Lara aseguró que el diálogo entre las partes permanece abierto.