Luego de la emisión del Decreto Supremo 5552, que reorganiza oficinas de la Vicepresidencia bajo tuición del Ministerio de la Presidencia, actores políticos de oposición denunciaron una supuesta afectación a la institucionalidad y una reducción de competencias del vicepresidente Edmand Lara.
El diputado de Libre, Armin Lluta, afirmó que Lara “ya es un florero sin agua”, al considerar que perdió atribuciones incluso para designar funcionarios. A su juicio, la medida envía un “mal mensaje” y evidencia tensiones dentro del Gobierno. Señaló además que ahora existirían dos vicepresidentes: uno electo y otro que asumiría funciones mediante decreto, en referencia al ministro José Luis Lupo.
En la misma línea, el exdiputado Rafael Quispe sostuvo que Lupo se habría convertido en un “vicepresidente de facto”, al asumir el manejo de direcciones que anteriormente dependían de la Vicepresidencia, mientras Lara quedaría con funciones limitadas.
La diputada de Libre, Lissa Claros, cuestionó la afectación a la institucionalidad y afirmó que se estaría creando una “vicepresidencia a la sombra”, señalando que las prerrogativas y recursos pasarían a depender del Ministerio de la Presidencia.
Desde la bancada de Alianza Social, la diputada Claudia Herbas criticó que una autoridad electa vea reducidas sus atribuciones y atribuyó la situación a conflictos políticos internos dentro del Gobierno.
Por su parte, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, René Flores, defendió la legalidad del Decreto Supremo 5552 y aseguró que la medida se sustenta en el artículo 174 de la Constitución Política del Estado, que establece las atribuciones del Vicepresidente y su rol de coordinación dentro del Órgano Ejecutivo.