La decisión del Gobierno de cerrar el Ministerio de Justicia generó inquietud en la Defensoría del Pueblo, que advirtió que diversos sectores vulnerables podrían quedar sin una instancia encargada de diseñar políticas públicas, coordinar acciones interinstitucionales y brindar servicios esenciales para el ejercicio de sus derechos.
La institución recordó que, bajo la tuición de este ministerio, funcionan entidades estratégicas para el Estado y para la protección de sectores en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes; mujeres; personas adultas mayores; jóvenes; personas con discapacidad, además de personas afectadas por hechos de violencia en razón de género o generacional.
“Estas instancias constituyen pilares fundamentales para el cumplimiento de los mandatos constitucionales y de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado boliviano”, señala el pronunciamiento difundido este jueves.
Entre las entidades que estaban bajo la estructura del Ministerio de Justicia se encuentran el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (Conalpedis), el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) y el Servicio Integral de Justicia Plurinacional (Sijplu), las cuales ofrecen asistencia jurídica, psicológica y social gratuita a personas de escasos recursos.
La Defensoría también expresó preocupación por las funciones de presidencia y secretarías técnicas que ejercía esta cartera de Estado, como el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, el Consejo de Coordinación Sectorial por una Vejez Digna y el Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de la niña, niño y adolescente, entre otros.
Según la institución, estos espacios permitían un trabajo “articulado y multiactor” para la promoción, ejecución y evaluación de políticas públicas relacionadas con el desarrollo integral y la protección de los derechos humanos, en concordancia con acuerdos internacionales asumidos por Bolivia.
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo exhortó al Órgano Ejecutivo a brindar claridad sobre la nueva estructura institucional que asumirá la administración y rectoría de estas entidades, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios y la protección de los sectores más vulnerables.