El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, cuestionó que el Gobierno haya declarado como prioridad la reorganización, disolución o liquidación de empresas públicas deficitarias y sostuvo que esa tarea debió comenzar desde el inicio de la actual gestión.
La declaración surge después de que el Ejecutivo aprobara el Decreto Supremo 5727, mediante el cual estableció como prioridad la reorganización, disolución y/o liquidación de las Empresas Públicas del nivel central del Estado.
A través de sus redes sociales, Doria Medina señaló que la revisión de las compañías estatales que generan pérdidas no requería de una nueva disposición para ser encarada y planteó que las autoridades deberían analizar sus estados financieros para determinar cuáles pueden continuar operando.
“El gobierno decretó que resolver la situación de las empresas mancagastos creadas por las anteriores gestiones por motivos ideológicos es una ‘prioridad’. Bueno, lo era desde que llegaron al poder”, escribió.
El dirigente agregó que espera que el Ejecutivo avance efectivamente en la evaluación de las empresas públicas y cierre aquellas que, según su criterio, no tengan viabilidad económica.
“Espero que esta vez sí hagan lo que podrían haber hecho sin decreto: reunirse, ver los estados financieros de las empresas y cerrar las que no tienen sentido ni futuro”, afirmó.
El pronunciamiento se produce en un contexto en el que el Gobierno lleva adelante una revisión de empresas estatales con problemas financieros. Días antes, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que el Ejecutivo analiza la situación de otras compañías públicas después del cierre de Datacom, con el objetivo de determinar cuáles pueden continuar y cuáles presentan pérdidas.
Además de cuestionar la situación de las empresas deficitarias, Doria Medina planteó que el Estado debe concentrar esfuerzos en fortalecer las entidades consideradas estratégicas en sectores vinculados con los recursos naturales.
En ese marco, mencionó específicamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y planteó que la empresa estatal cuente con un presidente electo conforme a lo establecido por la Constitución.
“Al mismo tiempo el país debe potenciar a las empresas estratégicas de recursos naturales. En el caso de YPFB, dándole por fin un presidente electo como manda la Constitución”, sostuvo.
La posición del líder de Unidad Nacional se suma al debate sobre el futuro de las empresas públicas, mientras el Ejecutivo evalúa medidas para reducir los costos que representan aquellas compañías que registran dificultades financieras y, paralelamente, mantener las entidades consideradas estratégicas para el Estado.