La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia expresó su respaldo a las medidas de ordenamiento estructural impulsadas por el Gobierno, al considerar que buscan evitar un deterioro mayor de la economía nacional. Sin embargo, el sector manifestó una seria preocupación por el incremento del salario mínimo nacional en 20%, que eleva el haber básico a 3.300 bolivianos.
A través de un pronunciamiento institucional, la entidad señaló que las decisiones asumidas apuntan a corregir desequilibrios acumulados que, de no atenderse, podrían derivar en una situación económica de difícil manejo. En ese marco, valoró el retiro de la subvención a los combustibles como una medida orientada a reducir el déficit fiscal, equilibrar las finanzas públicas y combatir el contrabando.
No obstante, advirtió que el ajuste inmediato y homogéneo en los precios de los carburantes tendrá efectos complejos en distintos sectores de la economía, aunque reconoció que se trata de una acción necesaria y urgente ante el contexto actual.
La CEPB también destacó los alcances del Decreto Supremo 5503, al considerar que incorpora disposiciones relevantes para la recuperación económica y podría contribuir, en el mediano plazo, a liberar barreras que afectan la actividad empresarial.
En contraste, el sector privado expresó su alarma por el aumento del salario mínimo, al advertir que la medida podría generar impactos significativos en la estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como en la generación y sostenibilidad del empleo formal.
El pronunciamiento exhorta además a los distintos actores sociales a actuar con responsabilidad para evitar una profundización de la crisis y subraya que la situación actual tiene responsables, por lo que rechaza cualquier forma de impunidad.
Finalmente, la organización empresarial remarcó que los costos de la crisis no deben recaer únicamente en la ciudadanía y pidió al sector político y a los servidores públicos dar señales claras de austeridad, prudencia y compromiso con el país.