La Defensoría del Pueblo determinó que el Estado boliviano no cumplió de manera adecuada con la implementación del indulto establecido en el Decreto Presidencial N.º 5460, situación que ha impedido una reducción real del hacinamiento en los centros penitenciarios del país. Esta conclusión se encuentra plasmada en la Resolución Defensorial N.º DP/SSP/RD/2025/13.
La investigación defensorial se activó tras recibir denuncias de 29 personas privadas de libertad provenientes de 11 recintos carcelarios, quienes alertaron sobre la falta de respuesta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a las solicitudes de certificación necesarias para iniciar el trámite de indulto. Según el informe, pese a casi dos meses de vigencia del Decreto, no se registró ningún beneficiario, aun cuando existen aproximadamente 3.000 solicitudes pendientes en el TSJ y otras 700 en el Servicio Plurinacional de Defensa Pública.
El análisis contextual de la Resolución advierte que el sistema penitenciario boliviano alberga a más de 33.000 personas, pese a contar con una capacidad instalada para poco más de 15.500, lo que configura un nivel de hacinamiento crítico. Esta situación impacta de forma directa en la salud y el acceso a la justicia, agravada además por la limitada atención médica, dado que la mayoría de los fallecimientos en recintos penitenciarios se debe a enfermedades.
La Defensoría recordó que organismos internacionales de derechos humanos han señalado que el hacinamiento y las condiciones inadecuadas de detención pueden constituir tratos contrarios a los estándares internacionales, como los establecidos en las Reglas Nelson Mandela, por lo que su atención es una obligación del Estado.
Entre las conclusiones principales, el informe señala que no se adoptaron medidas eficaces para aplicar el indulto ni para aliviar el hacinamiento, y que tanto el TSJ como los Tribunales Departamentales incurrieron en demoras prolongadas e injustificadas en la emisión de certificaciones. Además, se identificó falta de información clara y confiable sobre el avance de los trámites y una incertidumbre general respecto a los plazos.
Ante esta situación, la Defensoría emitió recomendaciones urgentes dirigidas al Órgano Judicial para agilizar los procedimientos y evaluar posibles responsabilidades disciplinarias y penales. Asimismo, instó al Órgano Ejecutivo a implementar una estrategia articulada con las instancias judiciales para viabilizar de forma ágil el indulto, y recomendó al Ministerio de la Presidencia considerar estos hallazgos en futuras normativas.
Finalmente, la institución anunció que remitirá la Resolución Defensorial a instancias internacionales de derechos humanos como parte de su labor de vigilancia y protección de los derechos de la población penitenciaria.