
El expresidente Evo Morales reveló que fue invitado al acto de posesión del presidente electo Rodrigo Paz Pereira, previsto para este sábado 8 de noviembre, pero condicionó su asistencia al levantamiento del proceso judicial que enfrenta por el delito de trata de personas.
“Como expresidente de Bolivia he sido invitado a la asunción de los nuevos mandatarios a realizarse en La Paz este sábado 8 de noviembre. Les deseo éxito para el bien de los bolivianos”, escribió Morales en sus redes sociales.
El acto de investidura se realizará en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y contará con la presencia de mandatarios extranjeros, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Chile, Gabriel Boric, y representantes del Gobierno de los Estados Unidos.
Morales pide levantar su proceso judicial
El exmandatario aseguró que su asistencia depende de que se levanten las medidas legales en su contra.
“Pido garantías para poder concurrir a dicho evento levantando el proceso judicial en mi contra y anulando las medidas ilegales que buscan mi detención por un caso inventado”, manifestó.
Morales enfrenta una orden de aprehensión vigente desde 2024 por el presunto delito de trata de personas con agravante, tras ser acusado de mantener una relación con una menor de edad cuando era presidente del país.
En su publicación, Morales exigió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cerrar los procesos que —según él— fueron abiertos por motivos políticos.
“Por principios de justicia y legalidad, el Tribunal Supremo de Justicia, tal como benefició a los autores del golpe de 2019, debe ordenar de inmediato el cierre de los procesos que me abrieron por persecución y proscripción”, añadió.
No se concreta su aprehensión
Pese a la orden judicial vigente, la Policía no ha logrado ejecutar la captura del exmandatario. En reiteradas ocasiones, los sectores sociales afines a Morales han conformado barreras humanas que impiden el ingreso de efectivos a las zonas donde se presume que se encuentra.
El exmandatario ha reiterado en varias oportunidades que se considera un perseguido político y ha denunciado un supuesto pacto entre el Gobierno de Rodrigo Paz y el presidente argentino Javier Milei para “acabar con su vida”, acusación que fue rechazada por ambos gobiernos.
