El Ministerio Público inició un curso especializado de Lengua de Señas Boliviana dirigido a servidoras y servidores públicos de las Unidades de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) de las Fiscalías Departamentales del país, con el objetivo de garantizar una atención más inclusiva y mejorar el acceso a la justicia para personas con discapacidad auditiva.
La actividad fue inaugurada por el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, en coordinación con la Dirección Nacional de Lengua de Señas Boliviana y la Dirección de Protección a las Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público.
Durante el acto de apertura, la máxima autoridad del Ministerio Público destacó que la capacitación forma parte del compromiso institucional de eliminar barreras de comunicación y promover una atención basada en la igualdad de derechos.
“Este curso no es simplemente una actividad académica. Es una expresión concreta del compromiso del Ministerio Público con la inclusión, la igualdad y el acceso real a la justicia sin discriminación. Aprender Lengua de Señas Boliviana es también un acto de reconocimiento humano”, afirmó Mariaca.
El programa académico se desarrolla en modalidad virtual y tendrá una duración de cuatro meses, con una carga horaria de 160 horas distribuidas en cuatro módulos. La capacitación permitirá que los funcionarios adquieran conocimientos teóricos y prácticos para comunicarse de manera directa con personas sordas que requieran atención dentro del sistema judicial.
Según la Fiscalía General del Estado, esta formación contribuirá a evitar situaciones de revictimización, reducir barreras institucionales y garantizar que ninguna persona quede excluida del acceso a la justicia debido a dificultades lingüísticas o comunicacionales.
La iniciativa busca fortalecer la atención integral que brindan las Unidades de Protección a Víctimas y Testigos, especialmente en casos que involucren a personas con discapacidad auditiva, promoviendo un servicio más accesible, eficiente y respetuoso de los derechos humanos.
Asimismo, el Ministerio Público destacó que la Lengua de Señas Boliviana, reconocida como idioma oficial del Estado, constituye una herramienta fundamental para la inclusión social y el ejercicio pleno de derechos de una comunidad que históricamente ha demandado igualdad de condiciones dentro de las instituciones públicas.
Con este programa de formación, la institución reafirma su compromiso de construir un sistema de justicia más inclusivo, accesible y cercano a la población, fortaleciendo la capacidad de respuesta de sus servidores públicos frente a las necesidades de grupos en situación de vulnerabilidad.