La Fiscalía General del Estado inició un proceso de supervisión a las Unidades de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) de las Fiscalías Departamentales del país con el objetivo de garantizar una atención integral, oportuna y de calidad a las personas que recurren al sistema de justicia en busca de protección y apoyo institucional.
La directora de Protección a las Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público, Irma Armella, informó que la primera evaluación se realizó en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca y forma parte de una estrategia nacional orientada a fortalecer los servicios especializados que brindan estas unidades.
“Este proceso nos permitirá identificar fortalezas, buenas prácticas y oportunidades de mejora para optimizar la atención integral que reciben las víctimas, testigos y personas protegidas”, señaló la autoridad.
Armella explicó que la actividad está contemplada en el Plan Operativo Anual 2026 y tiene como finalidad evaluar la calidad de las asistencias otorgadas, la correcta aplicación de las medidas de protección, el cumplimiento de procedimientos institucionales y el manejo adecuado de documentación confidencial en todo el territorio nacional.
Las supervisiones comprenderán una revisión documental de casos, entrevistas con el personal interdisciplinario conformado por trabajadores sociales y psicólogos forenses, verificación del cumplimiento de plazos procesales y análisis de la información registrada en los sistemas institucionales.
Asimismo, se desarrollarán reuniones de coordinación con autoridades fiscales e instituciones coadyuvantes para fortalecer el trabajo conjunto y mejorar la respuesta que brindan las unidades especializadas en cada departamento del país.
La Fiscalía General destacó que este proceso permitirá identificar áreas de mejora y consolidar buenas prácticas que contribuyan a optimizar los mecanismos de asistencia y protección dirigidos a víctimas, testigos y personas bajo resguardo institucional.
Con estas acciones, el Ministerio Público reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y la mejora continua de los servicios especializados, garantizando una atención más eficiente y una protección efectiva de los derechos de quienes acuden al sistema de justicia boliviano.