El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que el Ejecutivo mantiene la disposición de dialogar con distintos sectores sociales para explicar el alcance de las recientes medidas económicas, aunque dejó en claro que el Decreto Supremo 3305 no está sujeto a negociación.
La autoridad fue consultada sobre los pedidos de algunos sectores que plantean revisar el porcentaje de incremento en el precio de los combustibles. Al respecto, Lupo afirmó que la norma responde a criterios técnicos y no a decisiones improvisadas.
Explicó que el decreto es el resultado de estudios que buscan garantizar la viabilidad económica del país y que el rol del Gobierno es asumir decisiones complejas cuando la situación lo exige. En ese marco, reiteró que el Ejecutivo fue elegido para gobernar y no para postergar medidas necesarias.
No obstante, señaló que se instalarán espacios de diálogo para explicar de manera técnica los efectos reales del decreto y aclarar dudas sobre su impacto en la economía nacional. A su juicio, mantener el esquema anterior habría profundizado un déficit fiscal insostenible que terminaría afectando con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.
Lupo cuestionó el sistema de subvención a los carburantes vigente en el pasado, al considerar que distorsionó la economía y benefició principalmente al contrabando. Según dijo, el objetivo del decreto es corregir las causas estructurales de la crisis fiscal y no limitarse a paliar sus consecuencias.
Finalmente, afirmó que la eliminación de distorsiones en el mercado de combustibles es una medida necesaria para evitar mayores desequilibrios económicos y frenar prácticas ilegales que dañan al Estado.