El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, reconoció este lunes que el Gobierno no está distribuyendo harina subvencionada a los panificadores, lo que impide ejercer controles efectivos sobre el pan de batalla en cuanto a precio y peso.
Silva explicó que la raíz del problema radica en la falta de pago a los proveedores de harina, situación que ha paralizado el suministro desde la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). “Primero se tiene que pagar a los productores para que se reponga el abastecimiento de harina. Si no hay harina subvencionada, ¿qué vamos a exigir a los panificadores?”, cuestionó.
Los panaderos han anunciado una reunión nacional para este martes, en la que analizarán medidas frente al incumplimiento por parte de Emapa, que debía garantizar la provisión del insumo a precio regulado.
El Viceministro adelantó que, desde su despacho, se enviará una nota formal a las autoridades competentes para exigir que regularicen las deudas con los proveedores de harina. “Solo podemos fiscalizar cuando el pan se elabora con harina subvencionada. Si usan harina comprada en el mercado, los precios y el peso ya no están bajo nuestra jurisdicción”, afirmó.
La situación ha generado incertidumbre en la población, ante el riesgo de variaciones en el precio del pan de batalla, un producto clave en la canasta familiar boliviana.
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