El proyecto de modificación a la Ley de Pensiones abrió un nuevo debate al plantear que hasta el 80% de los recursos administrados por la Gestora Pública puedan invertirse en mercados internacionales, una propuesta que especialistas consideran contradictoria con la necesidad de atraer inversiones para reactivar la economía boliviana.
La iniciativa, publicada por El País, modifica los límites vigentes para la inversión de los fondos de pensiones. Mientras la normativa actual prioriza la colocación de estos recursos en el mercado nacional, la reforma ampliaría de forma significativa el porcentaje destinado al exterior.
Analistas advierten que la medida podría provocar una importante salida de ahorro interno en un momento en que diversos sectores demandan mayor financiamiento para impulsar la producción, la inversión privada y la generación de empleo. Asimismo, sostienen que el ahorro previsional es una de las principales fuentes de financiamiento de largo plazo, por lo que reducir su participación en la economía nacional afectaría proyectos productivos, de infraestructura y otros sectores estratégicos.
En contraste, los defensores de la propuesta argumentan que permitir una mayor inversión fuera del país facilitaría la diversificación del portafolio administrado por la Gestora Pública, mejoraría los rendimientos y reduciría la exposición a los riesgos de la economía boliviana.
El debate también se centra en el rol de la Gestora Pública, responsable de administrar los aportes de jubilación de los trabajadores. La propuesta redefine parte de sus atribuciones en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la rentabilidad de los fondos y la sostenibilidad del sistema previsional.
Especialistas coinciden en que cualquier cambio al régimen de inversiones debe equilibrar la búsqueda de mejores rendimientos con la protección de los recursos destinados al pago de futuras jubilaciones y su impacto sobre la disponibilidad de capital para el desarrollo económico del país.