El exministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada Rivero, fue condenado este martes a 8 años de privación de libertad por su participación en la gestión irregular del crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2020, sin la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, informó que la sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer 6º de La Paz, tras un proceso impulsado por el Ministerio Público, el Banco Central de Bolivia (BCB), el Viceministerio de Transparencia Institucional y la Procuraduría General del Estado.
De acuerdo con el fallo, Parada fue procesado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta económica antieconómica, según los artículos 153, 154, 221 y 224 del Código Penal.
Además, el tribunal declaró rebeldes a Guillermo Aponte Reyes Ortiz, expresidente del BCB, quien recibió 5 años de cárcel, y a Walter Erik Guzmán Tordoya, sentenciado a 1 año de reclusión. Mientras que Carlos Schlinck Ruiz, Luis Armando Pinell Siles, Roger Alejandro Banegas Rivero, José Gabriel Espinoza Yáñez y Erwin Walter Morales Carrasco fueron absueltos de responsabilidad penal.
Según la acusación, el 10 de abril de 2020 Parada y Aponte firmaron la carta de intención MEFP/DM/JG-0683/2020 para solicitar al FMI el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) equivalente a 240,1 millones de DEG (aproximadamente 24 millones de dólares), bajo el argumento de atender la emergencia fiscal y sanitaria por la pandemia del COVID-19.
Posteriormente, el 20 de abril se suscribió un memorando de entendimiento y un convenio interinstitucional entre el MEFP y el BCB para viabilizar el crédito, sin el aval de la Asamblea Legislativa, contraviniendo la normativa vigente.
La Procuraduría General del Estado destacó que la sentencia representa un precedente inédito y favorable para la defensa de los intereses del país. “Esta sentencia reafirma nuestro compromiso incansable en la protección de la soberanía y el patrimonio del Estado boliviano”, señaló Ricardo Condori Tola.