
En una operación logística inédita, el Gobierno realizó el primer envío aéreo de aceite comestible producido por la planta estatal en San Julián, Santa Cruz, ante el bloqueo de rutas que amenaza el abastecimiento de alimentos en el país. Un total de 66 mil litros del nuevo producto “Sabor Casero” ya están siendo distribuidos en La Paz por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA).
El gerente general de EMAPA, Franklin Flores, informó que el producto proviene de la Planta de Transformación de Subproductos de Soya, la primera planta aceitera estatal, y que su distribución se realiza mediante ferias y unidades móviles para garantizar el acceso de la población a este insumo básico.
“Este aceite representa un paso fundamental en la política de industrialización del presidente Luis Arce Catacora y una respuesta directa al agio y la especulación generada por intereses políticos”, afirmó Flores.
La medida se tomó en medio de una escalada de bloqueos promovidos por sectores afines al expresidente Evo Morales, los cuales, según el Gobierno, afectan directamente la seguridad alimentaria del país. Flores acusó a estos sectores de incurrir en «sabotaje económico» y denunció el uso político de las movilizaciones para generar desabastecimiento.
El precio del litro de aceite embotellado fue fijado en Bs 14, mientras que el aceite a granel se comercializa a Bs 13, de acuerdo con una resolución bi-ministerial. Esta política de precios busca proteger a la población del agio y garantizar un acceso equitativo al alimento, especialmente para los sectores más vulnerables.
“No vamos a permitir que se juegue con la comida del pueblo. La ley sancionará toda forma de especulación”, advirtió el gerente de EMAPA.
La planta de San Julián no solo produce aceite crudo y refinado, sino también derivados como harina de soya y cascarilla, fortaleciendo así la cadena productiva nacional y consolidando el avance de Bolivia hacia la industrialización de sus materias primas.
Este primer envío aéreo de «Sabor Casero» marca un hito para la soberanía alimentaria del país y reafirma el compromiso gubernamental de mantener el abastecimiento, incluso en escenarios adversos.