El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, solicitó este miércoles al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, por razones de “humanidad”, restituya la plena vigencia de la Ley de Diferimiento de Créditos (1670), suspendida por una medida cautelar promovida por el diputado Alejandro Reyes.
Lara afirmó que la paralización de esta norma está generando un daño inmediato en miles de hogares que enfrentan dificultades económicas. “Pido al TCP que escuche el clamor de las familias afectadas, que observe el daño real que ya se está generando y que permita restablecer la vigencia de la Ley 1670”, expresó.
La norma establece un periodo de seis meses de diferimiento en los pagos de créditos productivos y de viviendas de interés social, además de la suspensión temporal de embargos, con el fin de otorgar un alivio financiero a microempresarios y familias vulnerables. Sin embargo, las entidades bancarias rechazaron la medida, argumentando que podría afectar la liquidez del sistema financiero.
La suspensión de la ley surgió a raíz de una acción presentada por el diputado Reyes, a quien Lara acusó de “responder a los intereses de los grupos más poderosos del país, específicamente los banqueros”.
El Vicepresidente anunció que el equipo jurídico de su despacho presentará de inmediato los recursos correspondientes ante el TCP para solicitar el levantamiento de la medida cautelar. Según informó, la decisión judicial ha dejado desprotegidos a sectores como madres de familia, microempresarios, transportistas y jóvenes emprendedores, quienes dependen de esta flexibilización para sostener sus actividades.
“En lugar de proteger, esta medida terminó afectando justamente a quienes la Constitución manda a defender de manera prioritaria”, sostuvo Lara, enfatizando que su petición no responde a intereses políticos ni sectoriales, sino a la necesidad de frenar un daño social que calificó como “evidente y urgente”.