El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, cuestionó las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra ciudadanos bolivianos señalados por presuntos hechos de corrupción o vínculos con el narcotráfico y advirtió que este tipo de acciones representan, desde su perspectiva, una afectación a la soberanía y a la independencia del país.
Loza manifestó su preocupación por la difusión de la lista de sancionados y sostuvo que Bolivia debe preservar la capacidad de sus propias instituciones para investigar y procesar a quienes sean señalados por posibles delitos.
“Yo no defiendo a nadie, yo no justifico a nadie, solo exijo respeto a nuestra soberanía, respeto a nuestra independencia, respeto a la justicia en Bolivia, no a la injerencia, no a la invasión judicial en nuestro país”, afirmó.
El gobernador también expresó su pesar por el hecho de que la información se haya conocido después de la visita del presidente Rodrigo Paz a Estados Unidos. A su criterio, la situación genera dudas sobre el nivel de independencia que mantiene Bolivia frente a decisiones adoptadas desde el exterior.
“Lamentamos que ocurran estas cosas. Pareciéramos que ya no tenemos independencia, pareciera que ya no tenemos soberanía, pareciéramos que los bolivianos ya no servimos para nada”, sostuvo.
Pese a sus cuestionamientos, Loza aclaró que su posición no busca defender a las personas incluidas en la lista estadounidense. Señaló que corresponde investigar a quienes sean mencionados y establecer responsabilidades si existen elementos que sustenten las acusaciones.
Sin embargo, remarcó que esas investigaciones deben desarrollarse respetando la soberanía y la dignidad de Bolivia, sin que ello implique una intervención externa sobre las instituciones nacionales. En ese contexto, utilizó la expresión “invasión judicial” para referirse a lo que considera una intromisión en asuntos que deberían ser atendidos por la justicia boliviana.
Entre los ciudadanos sancionados por Estados Unidos se encuentra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca. Sobre la posibilidad de que deje el cargo, Loza evitó pronunciarse y no planteó una posición concreta respecto a su continuidad.
El gobernador insistió en que cualquier persona, incluido Mariaca, debe ser investigada si existen elementos que ameriten una indagación, pero sostuvo que estos procesos deben realizarse sin sometimiento a decisiones externas ni una “invasión de poderes” en Bolivia.