viernes, diciembre 12

Gobierno restituye la sede de la APDHB a Amparo Carvajal

Gobierno restituye la sede de la APDHB a Amparo Carvajal

El presidente Rodrigo Paz entregó oficialmente las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) a la activista Amparo Carvajal, quien había sido impedida de ingresar al edificio desde 2023. El acto se desarrolló con la presencia de Carvajal, de 86 años, quien recibió las llaves del inmueble en un gesto que simboliza la recuperación institucional de la entidad.

“A mujeres como Amparo, pero también a muchos hombres y mujeres de la patria, hacen que estos momentos se vuelva a sentir libertad. La libertad que nos hace falta entenderla, defenderla y ahora más que nunca la estamos recuperando paso a paso”, expresó Paz, al recordar los episodios de persecución registrados en gestiones anteriores.

El Mandatario subrayó que su gobierno avanza en la reconstrucción institucional y económica, pero remarcó que la libertad continúa siendo el eje fundamental. “Solo son 12 días, 288 horas, versus más de 7.300 días de abusos, persecución y pérdida de derechos. Hoy debemos valorar lo que estamos recuperando”, indicó.

Por su parte, Carvajal agradeció la restitución de la sede y señaló que el espacio pertenece a todos los bolivianos. “No me está entregando la casa de Amparo, es la casa de ustedes. Todos debemos tener un único objetivo, la verdad y la justicia, que es lo que nos hace libres. ¡Que viva Bolivia!”, manifestó.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, destacó el valor simbólico del acto y reconoció la trayectoria de Carvajal. Recordó que la activista fundó la institución y que por más de 50 años ha brindado apoyo a personas perseguidas en distintos momentos de la historia del país.

La restitución se da después de que, el 2 de junio de 2023, un grupo liderado por Édgar Salazar ingresara de manera violenta a las oficinas de la APDHB en La Paz, impidiendo el acceso a voluntarios y personal durante más de dos años.

Respecto a los conflictos legales en torno al inmueble, el Ejecutivo aclaró que no intervendrá en procesos judiciales y que corresponderá al Ministerio Público y al Órgano Judicial definir responsabilidades.

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