Entre sus principales disposiciones, la ley establece un diferimiento automático de seis meses en el pago de cuotas de créditos de vivienda de interés social y de unidades económicas de tamaño micro y pequeño. La medida abarca capital, intereses, seguros, comisiones y otros cargos financieros.
Asimismo, durante el mismo periodo, se suspenden las órdenes judiciales de embargo, remates y ejecuciones relacionadas con créditos de vivienda de interés social en todo el territorio nacional.
El texto legal aclara que el diferimiento no generará intereses adicionales, sanciones por mora ni costos administrativos.
Desde el sector bancario, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) expresó su preocupación y advirtió que la medida “podría comprometer la estabilidad del sistema financiero y restringir la oferta de crédito”. Sin embargo, la entidad ratificó su disposición a evaluar cada caso de prestatario para encontrar soluciones adecuadas y sostenibles.
La aprobación de esta norma busca otorgar un alivio financiero temporal a los sectores más vulnerables, en medio de un contexto económico marcado por tensiones y desaceleración productiva.