El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó este miércoles que una jueza agroambiental de La Paz ordenó la suspensión temporal del tratamiento legislativo de los contratos de litio suscritos con Hong Kong CBS Investment Limited y Uranium One Group Joint.
La decisión se aplicará hasta que las autoridades administrativas cumplan con requisitos vinculados a la protección de los recursos hídricos, el medio ambiente y la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígena originarias de Nor Lípez y del Sudoeste de Potosí.
En conferencia de prensa, Callisaya explicó que, tras una medida cautelar presentada por la institución defensorial, el Tribunal Agroambiental de La Paz dispuso frenar momentáneamente el tratamiento de los proyectos de Ley 197/2024-2025 y 170/2024-2025, ambos relacionados con la explotación del litio.
“Hemos sido notificados con la disposición de la jueza agroambiental del distrito judicial de La Paz, que admitió las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo en torno al tratamiento legislativo de dos contratos vinculados a la explotación de litio, disponiendo la suspensión momentánea en su tratamiento”, señaló.
El Defensor del Pueblo precisó que esta suspensión se mantendrá mientras no se demuestre la realización de un estudio ambiental estratégico, con especial énfasis en los recursos hídricos de la región. Asimismo, se exige un análisis sobre las aguas fósiles y la aplicación de un proceso de consulta previa a los habitantes potencialmente afectados.
La jueza instruyó que, antes de que la Asamblea Legislativa retome la discusión de los contratos, se presente el estudio de evaluación de impacto ambiental estratégico, convocando también a los actores involucrados en su revisión.
Callisaya subrayó que las acciones emprendidas responden a la defensa de los derechos humanos y ambientales, en el marco del Acuerdo de Escazú y otros tratados internacionales firmados por el Estado.
Los contratos de litio ya fueron aprobados en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, en medio de observaciones de legisladores de oposición y del Comité Cívico Potosinista (Comcipo). El pleno de la Asamblea aún no consideró los documentos, aunque persisten críticas y rechazo a su posible aprobación en la recta final de la actual gestión gubernamental.