El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) instruyó este viernes la resolución inmediata de los recursos legales interpuestos contra partidos políticos en el marco del proceso electoral, y reafirmó que ninguna acción judicial podrá alterar el calendario electoral ya establecido.
La determinación fue comunicada por el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, quien emitió un pronunciamiento oficial frente a la creciente ola de recursos que pretenden inhabilitar a diversas organizaciones políticas y que, según el propio TCP, amenazan con generar incertidumbre en torno a las elecciones generales previstas para el domingo 17 de agosto de 2025.
“Ninguno de los recursos judiciales debe alterar o modificar el calendario electoral y tampoco podrá retrotraer acciones que hayan sido superadas en el calendario”, afirmó Hurtado en conferencia de prensa. En ese sentido, añadió que se ha instruido a todas las salas constitucionales y jueces de garantías del país a tramitar y resolver de forma inmediata cualquier acción relacionada con el proceso electoral.
Durante las últimas semanas, se han activado distintos recursos judiciales que buscan impedir la participación de ciertos frentes políticos, generando un ambiente de tensión y especulación sobre el futuro de los comicios. Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE), algunos vocales advirtieron sobre el impacto negativo que estas acciones podrían tener en el desarrollo normal de las elecciones, especialmente ante el anuncio de posibles movilizaciones.
Ante ese escenario, Hurtado subrayó que el TCP se compromete a garantizar el cumplimiento íntegro del calendario electoral, y que cualquier nuevo proceso constitucional que llegue a esa instancia será tratado con prioridad y celeridad, para no interferir en el cronograma establecido por el TSE.
“Instamos a los actores políticos a dejar de judicializar el proceso electoral y, en cambio, enfocar sus esfuerzos en presentar propuestas que atiendan las preocupaciones del pueblo boliviano”, exhortó Hurtado.
La resolución del TCP busca contener la incertidumbre y blindar la fecha electoral del 17 de agosto, evitando dilaciones que puedan poner en riesgo la institucionalidad democrática del país.