El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, rechazó este jueves cualquier posibilidad de legalizar vehículos indocumentados, al considerar que una medida de ese tipo premiaría la informalidad, incentivaría el contrabando y debilitaría el Estado de derecho.
La autoridad se pronunció a través de sus redes sociales, luego de que en la Asamblea Legislativa resurgiera la iniciativa de regularizar los denominados vehículos «chutos» y que el Gobierno expresara su disposición a analizar esa propuesta.
Velasco sostuvo que una eventual legalización enviaría un mensaje equivocado al país al beneficiar a quienes ingresaron motorizados de forma ilegal.
«Enviaría una señal equivocada al país, premiando la informalidad y debilitando el Estado de derecho», afirmó.
El gobernador señaló que una parte importante de los vehículos indocumentados que ingresan a Bolivia proviene de redes vinculadas al contrabando y, en algunos casos, de actividades ilícitas como el robo transnacional de vehículos, el narcotráfico y otras estructuras del crimen organizado.
En ese contexto, advirtió que establecer un mecanismo de regularización no solo incentivaría nuevas internaciones ilegales, sino que también fortalecería las economías ilícitas.
Asimismo, indicó que una medida de esa naturaleza tendría un impacto negativo sobre el sector automotriz formal, afectando a concesionarios, importadores, talleres, proveedores y trabajadores que cumplen con las obligaciones tributarias y desarrollan sus actividades dentro del marco legal.
Velasco agregó que la industria automotriz ya enfrenta un escenario complejo debido al incremento del tipo de cambio oficial y al aumento de los costos de importación, por lo que una regularización de vehículos de contrabando profundizaría la competencia desleal y pondría en riesgo empleos e inversiones.
Como alternativa, propuso fortalecer el control en las fronteras mediante una mayor capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, la Aduana Nacional y las instituciones encargadas de la fiscalización, además de combatir las organizaciones criminales dedicadas al contrabando.
«Si el objetivo es reducir el ingreso de vehículos ilegales, la solución no es premiar el contrabando, sino fortalecer el control fronterizo», sostuvo.
Finalmente, la autoridad departamental afirmó que el país debe proteger a quienes cumplen la ley y respaldar al sector formal, al considerar que ello contribuye a preservar la inversión, el empleo, la recaudación tributaria y la seguridad jurídica.