Los exministros de Gobierno, Defensa y la de Comunicación fueron declarados en rebeldía. El tribunal emitió una orden de aprehensión.
Se inició el juicio oral por el denominado Caso Gases Lacrimógenos de Ecuador, contra los exministros de Jeanine Añez, Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga y otras siete personas acusadas por los delitos de tráfico ilícito de armas e incumplimiento de deberes.
“Hemos sido notificados por el Tribunal Segundo de Sentencia Anticorrupción de la ciudad de La Paz, que dispuso la apertura de juicio oral público, continuo y contradictorio por la internación de agentes antidisturbios en calidad de préstamo desde la República de Ecuador al país en 2019”, informó William Alave, fiscal departamental de La Paz.
La apertura del juicio se inicio a las 14.00 de ayer de manera virtual. Los fiscales expusieron la acusación formal. En este caso, además de los exministros también fueron acusados el excomandante de la Fuerzas Armadas Sergio O. C., el excomandante de la Policía Rodolfo M. T., entre otros.
La Fiscalía Departamental de La Paz presentará todas las pruebas colectadas en etapa de investigación y se pedirá la pena máxima de 30 años de cárcel para los investigados. Las exautoridades fueron declaradas en rebeldía.
“Se presentó con más de 115 pruebas documentales y 48 testificales, entre otros y se pedirá la máxima sentencia”, explicó Alave, citado en un reporte institucional.
Pruebas colectadas
Entre las pruebas colectadas están el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, los planes de vuelo de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, en el que viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia, además de la solicitud de devolución de los agentes químicos de Ecuador, que hace presumir la participación de los acusados, explicó el fiscal Anticorrupción, Bladimir Bolívar.
De acuerdo con la investigación, el 15 de noviembre de 2019 en una reunión entre los exministros Murillo, López, Lizárraga, entre otros, se tomó contacto con la Policía de la República de Ecuador y se acordó que ese país facilitaría armamentos que fueron internados de manera irregular a Bolivia.
Inmediatamente, partió de Bolivia un avión a Ecuador para recoger el armamento solicitado en calidad de préstamo.
Tres días más tarde, el 19 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron una manifestación que desembocó en la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto, con un saldo de 11 civiles muertos y al menos 78 heridos.
De acuerdo con los datos de la Fiscalía, los agentes químicos que ingresaron a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.
El 27 de mayo de 2020, a través de una carta, Ecuador pidió la devolución del material prestado y se develó el “préstamo” irregular, posteriormente se activaron las pesquisas.